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Miradas y miopías sobre la gestión comunitaria

Traducción del original en catalan

Sobre la teoría y la praxis: La mirada y el lugar desde donde se mira

Asistimos, en los últimos tiempos, a debates sobre gestión comunitaria que mantienen un ritmo y una velocidad que cuesta seguir. No por una cuestión de complejidad, sino por los niveles de desvinculación con la praxis de según quien (que bienvenido sea) y por los tempos de las aportaciones. La cantidad de conceptos, marcos teóricos, jornadas, artículos o ponencias que se están generando en relación a las diferentes formas de la organización social resulta desbordante. Entendemos que en muchos casos esto debe ser una sensación compartida, pero se hace especialmente angustiosa cuando el objeto de análisis de esta cantidad de conocimiento son los proyectos en los que uno participa.

obrimportes

Continuar insistiendo en el análisis de lo “social” sin lo “social”, es decir, sin querer interpelar en condiciones de igualdad (dándole voz, y respetando sus tiempos) puede terminar conduciendo a caminos que ya conocemos: la necesidad de contar con expertos, académicos, los auto-llamados «mediadores», o instituciones para que las prácticas comunitarias-autónomas puedan hacer, expresar o comunicar su propio relato.

Esta necesidad creada no refuerza los proyectos sociales, sino que acaba acentuando las carencias. Todo el conocimiento producido difícilmente contribuirá a reforzarlos; por el contrario, les extirpará la capacidad de hablar con voz propia, ofreciendo la posibilidad de que sean los “expertos” de la academia o la institución los que sean capaces de identificar sus aciertos o errores. Es decir, castrando la capacidad de autonomía y de crecimiento a las experiencias comunitarias y sus ritmos.

No se nos escapa que, en el momento actual, muchos de los ojos que hace tiempo miraban hacia otras partes, ahora mismo han virado sus focos hacia las periferias, hacia los márgenes, hacia aquellos espacios apartados del relato principal y que sólo aparecían como nota al pie. Los motivos, varios: análisis electorales, necesidades académicas, justificaciones de fondos europeos, innovación social, responsabilidad social, etc.

Es -de forma destacada- desde el academicismo que se necesita de fenómenos a los que dar nombre. Quien hace investigación necesita decir cosas nuevas, encontrar lo nuevo, diferenciar y diferenciarse, construir objetos de estudio. Y así es como se producen hechos como denominar innovación social a proyectos de auto-organización y autogestión que tienen raíces y décadas de historia. Y así es como lo que era marginal, periférico, se convierte en objeto de interés y produce fascinación: un cierto exotismo de lo que para otros es el trabajo cotidiano, invisible, el día a día, lleno de dificultades y retos.

Y es que los procesos comunitarios son dinámicos, están llenos de contradicciones, de debates y de cientos de horas de reuniones. Para ello partimos de un reconocimiento colectivo de los errores y de los riesgos para así también poder identificar sus aciertos. Precisamente esto hace avanzar los proyectos y los transforma, a través de las vías y alternativas que van surgiendo fruto de la reflexión en la acción en cada contexto.

De hecho, la clave de estos procesos radica sobre todo en la posibilidad de que las evaluaciones y transformaciones se hagan colectiva y comunitariamente, lo que contribuye a enriquecerlos y mejorarlos, y que es también una forma de investigación.

Si hay un principio que dé sentido a la generación de reflexiones y discurso sobre formas de proceder es el de la reflexión en la acción. Esta es la lógica de la praxis como origen o fuente de creación de conocimientos, para revertirlos, otra vez, en el hacer. Y, sobre todo, en el cómo hacer. Más aún, en el caso que nos (pre) ocupa.

Esto no niega que se puedan estudiar y analizar los contextos de los que hablamos, ni niega que sean espacios de generación colectiva de conocimiento, pero lo que no compartimos es su cosificación como objetos de estudio.

Ahora sí: La mirada sobre la gestión comunitaria de recursos públicos. (¿Por qué se mira?)

Con todo ello, y en concreto, comienzan a aparecer tensiones internas en proyectos comunitarios motivadas por presiones externas que responden a intereses diversos y a menudo contradictorios con la lógica comunitaria, la cual busca formas de hacer basadas en los valores éticos y sociales que mueven las acciones. De repente, aparece una lupa permanente que se ha instalado en algunos de estos proyectos: “¿Como os evaluais? ¿Pero sois realmente públicos? ¿No estais privatizando recursos de la ciudadanía bajo vuestros criterios? ¿Responde REALMENTE a las necesidades OBJETIVAS de vuestro barrio? ¿Como os relacionáis con los VECINOS?” Preguntas que, muchas veces, lejos de profundizar en el conocimiento del proyecto, pretenden mostrar sus debilidades y contradicciones para terminar satisfaciendo unas hipótesis previas, formuladas como sentencias desde la distancia.

De hecho, los argumentos recurrentes que cuestionan los procesos de gestión comunitaria son muestra y herencia de la socialdemocracia representativa, que decide por delegación y tiene el monopolio de la provisión (de derechos). Estas visiones son las que plantean más cuestionamientos a los proyectos de gestión de recursos públicos, apelando a lo público desde la forma estatal. Estos argumentos los conocemos y no sólo eso, interactuamos con ellos cotidianamente, porque desde la gestión comunitaria somos los primeros que nos hacemos estas preguntas cada día: para proteger precisamente los proyectos de todos los riesgos, para hacer proyectos coherentes, en esta investigación – evaluación continua – error – rectificación como método.

Porque, en efecto, quien es más exigente con la gestión comunitaria es la misma gestión comunitaria. Es una de sus razones de ser. Y en este sentido, también se tiene conciencia de que no todo vale. Pero es diferente quien mira y desde donde mira.

Giramos el espejo: ¿Y la administración pública?

No obstante, se ha revelado que lo estatal no siempre ha gestionado recursos públicos de acuerdo con estos criterios. La función proveedora de derechos está en crisis y ha funcionado con criterios exclusivistas, privativos, etc. En esto las políticas culturales no son una excepción.

Si bien hay bienes desmercantilizados (educación y salud… cada vez más precarizadas), desde el ámbito estatal no siempre se ha facilitado mantener determinados elementos de derecho (necesidades básicas colectivas) fuera del mercado; por el contrario, según el programa neoliberal, cada vez más, se trasladan funciones de provisión de derechos al mercado, donde la desigualdad es el patrón de relación social.

Por eso justamente, nacen propuestas en sentido público fuera del espacio estatal, y los espacios de gestión comunitaria son un ejemplo de ello; aunque no es una gestión directa de la administración, se gestionan equipamientos y recursos públicos (de todos) con los criterios de lo público (universalidad, de control democrático, de accesibilidad, igualador, redistributivo y de garantía de derecho…). Todo esto evidentemente con contradicciones, limitaciones y debilidades, pero no menos que las de la propia administración.

En todo caso, los proyectos de gestión comunitaria de lo público, siguen siendo sin ánimo de lucro, enmarcados en las redes de la economía social, y, por supuesto, no funcionan en la lógica de las privatizaciones.

Resumiendo, hay experiencias, prácticas y procesos no estatales que funcionan con más sentido público que las estatales. En, definitiva, por tanto, no es una cuestión de institucionalidad sino de valores públicos (transparencia, democracia, accesibilidad, regreso …), y en estos momentos hay espacios de organización colectiva que están en mejores condiciones de garantizarlos que la propia administración, porque son espacios que tienen la posibilidad de escapar o confrontar las presiones de los lobbys y el mercado mejor que los gobiernos municipales. No es quien hace la cosa sino cómo se hace la cosa.

Planteémonos pues las mismas preguntas, los mismos interrogantes: ¿En qué condiciones de garantizar lo público está una administración que en la práctica ha privatizado recursos públicos? Son varias las administraciones locales, técnicos y áreas, recelosas de la gestión comunitaria, a las que les saltan todas las alarmas ante la posibilidad de que las entidades del territorio gestionen los espacios y recursos públicos, pero que en cambio, han cedido tranquilamente las claves de la gestión de teatros, salas de conciertos, etc, a productoras privadas que no tienen ninguna idea de lo que es retorno, ni contemplan el territorio, ni la idea de accesibilidad y universalidad como valores de lo público. Las mismas administraciones han llevado esta lógica clientelar a la relación con el tejido asociativo, cediendo espacios y equipamientos a entidades o asociaciones afines para que los gestionen como espacios exclusivos.

¿Acaso la administración incorpora igual en sus metodologías y prácticas la reflexión continua, la evaluación, la contradicción y la voluntad de mejora? ¿Cuál ha sido la defensa de lo público que ha hecho la administración ante el filtrado del mercado en todos los ámbitos de la gestión de las necesidades colectivas? ¿Como es la toma de decisiones en espacios de gestión directa? ¿Donde están la condición comunitaria y la participación? Recientemente, las políticas culturales han girado la mirada hacia el territorio, “lo social”, han descubierto que hay vecinos alrededor de los equipamientos, necesidades colectivas y voluntades…

¿Quien tiene pues la legitimidad de gestionar lo público? ¿La administración a la que atribuimos la condición de pública como un automatismo debido a que dispone de los recursos comunes, sin poner en crisis si realmente trabaja en sentido público, o las poblaciones organizadas, auto-instituidas, conocedoras del territorio y las necesidades, que manifiestan la voluntad de gestionar lo común en sentido público, devolver recursos y tener un control directo?

Afrontemos pues, la tarea de ponernos de acuerdo en que debe consistir la condición pública, y quien está en mejores condiciones de garantizarla en las políticas sociales y también culturales. A partir de aquí seguramente hay que plantear vías donde la administración y la población organizada trabajen para definir y defender lo público, desde donde sea, y para establecer los mecanismos de control y transparencia que sean necesarios.


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